Una pensión de 1 céntimo

La familia de Antonio Lupiáñez, un invidente de 69 años de Barcelona, recurrió a la Ley de Dependencia para solicitar una ayuda. Al final, le concedieron... un céntimo al mes. La Generalitat alega que todo es fruto de un error informático

JANOT GUIL | BARCELONA
 

Cuenta Mercedes que, de primeras, su padre, Antonio Lupiáñez, se rio de cómo había acabado la historia, pero que ahora ya no le alcanza el humor. «Está cabreado» resume, aunque prefiere contar ella el esperpento para dar descanso a su progenitor y a su madre tras una jornada en la que la «tele» ha invadido varias veces su casa. «Están muy cansados», dice, aunque a cambio se presta a contar con entrega todo una vez más; como si para ella también fuera nueva.
Antonio Lupiáñez, un invidente de 69 años que vive en Barcelona con su esposa, Tiscar, y su hija Mercedes, es un ejemplo más del museo de los horrores que se empieza a llenar por obra y gracia de la Ley de Dependencia. La norma se está aplicando mal y tarde, pero es que, encima, de vez en cuando propicia casos de bochorno. Como el de Antonio Lupiáñez.
Antonio tiene 69 años. Trabajaba en el sector metalúrgico pero hace 25 años que una ceguera sobrevenida le apartó de mundo laboral. A su invidencia debe sumarse que sufre de un trastorno bipolar y un principio de esquizofrenia. Un cuadro.
Una cuidadora delicada
Su familia se encomendó a la Ley de la Dependencia y pidió una subvención para la que es su cuidadora, la que siempre lo ha sido, su esposa Tiscar, de 71 años, a la que cada vez más le cuesta hacerse cargo de su marido, porque no anda sobrada de salud tampoco, sobre todo después de que hace mes y medio la operaron de la cadera.
Tras el farragoso trámite de recibir en su casa a los técnicos designados por la Generalitat para evaluar el caso y elaborar el llamado Plan Individual de atención (PIA), a principios del pasado enero la familia Lupiáñez recibió una carta del Instituto Catalán de Asistencia, organismo dependiente del Departamento de Acción Social de la Generalitat catalana, en la que se explicitaba el «veredicto». Como cuidadora no profesional le concedían a Tiscar una ayuda mensual de ... ¡un céntimo de euro! Como suena. «Mi madre me dijo: «se habrán equivocado, no puede ser», recuerda Mercedes, que fue quien abrió el sobre.
Pero la sorprendente misiva de la Generalitat tenía aún más miga. Después de señalar que a Tiscar le iban a dar un céntimo al mes por cuidar de su marido, la carta les informaba de que recibirían la suma proporcional a los emses transcurridos desde que iniciaron los trámites para solicitar la auda, que ascendía a la ridícula suma de 18 céntimos.
«Todo parece un chiste», resume Mercedes, y su sentecia serviría igual para la explicación que a raíz de sus protetas le dio la Administración catalana, la misma que daban a ABC fuentes del departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat.
Alega la Generalitat catalana que en el caso de Antonio él ya cobra una pensión de gran invalidez, que le aporta -concretó Mercedes-, unos 1.300 euros. Una parte de dicha pensión, como otras de este tipo, argumentan desde la Generalitat, ya contempla el coste de ayudas a la dependencia del beneficiario. «No se pueden cobrar dos ayudas por el mismo concepto», explican desde Acción Social, por lo que a los solicitantes de ayudas a la dependencia se les mira si ya perciben este tipo de ayudas mediante otras prestaciones, como pensiones, y si éstas tiene el mismo valor o superior de las que podría tener por la Ley de Dependencia. Si es así, no ven más dinero. Se les deniega la ayuda a la Dependencia.
En el caso de Antonio, pues, la Administración no le concede más ayudas, por lo que su familia se las tendrá que apañar con sus 1.300 euros de pensión por su gran invalidez, a los que ayudarán los 300 euros que cobra su esposa de pensión y el humilde sueldo que tiene su hija Mercedes, dependienta en la panadería de su tía.
Llegados hasta aquí, la pregunta es obvia: «¿Si le tienen que negar la ayuda, por qué le conceden en cambio una de un céntimo?». La respuesta, por contra, es más un circunloquio plagado de despropósitos tales como programas informáticos inútiles y escenas más propias de «El proceso» de Kafka.
Fuentes del Departamento de Acción Social de la Generalitat explicaron que el caso de Antonio, como el de otros que ya ha denunciado el PP de Barcelona, es fruto de la servidumbre del programa informático que usa la Generalitat para tramitar las ayudas. Cuando se considera que una persona no debe recibir la ayuda solicitada, como Antonio, no se puede poner «0» en la casilla del programa que señala la ayuda a percibir porque eso provoca que dicho programa lo detecte como un error y no prosiga la tramitación. Como suena.
Así, se opta por poner una cifra simbólica, la mínima, como equivalente a un no o a un denegado. «Estos expedientes se revisan manualmante, de manera que luego se sustituyen por cartas que se envían al solicitante en las que se le informa de que su solicitud ha sido denegada y por qué», explican desde Acción Social. «El problema -añaden las mismas fuentes-, es que de vez en cuando se nos cuela algún expediente de estos que llega directamente al ciudadano. Pero son contados con los dedos de una mano».
Hasta aquí la explicación,parecida a la que le dieron personalmente a Mercedes. Aunque al menos a ella, no la convencieron. «Sí, me dijeron que era un problema informático. Pues que lo arreglen. Porque me parece una tomadura de pelo, un pitorreo».
«Mejor que digan que no»
Y es que a Mercedes le duele lo de que no le hayan concedido la ayuda -«no soy hipócrita, no voy a negarlo», pero más, si cabe, la forma de decirlo, dándole un sí de un céntimo que, de hecho, ni llegará a cobrar. «En lugar de enviarme este carta con esta cifra irrisoria, prefiero que me digan que no, que no me dan nada», exclama. Y anuncia un ajuste de cuentas al surrealismo de la Administración. «En teoría no cobraré ni el céntimo si es simbólico, pero voy a reclamar los 18 céntimos en concepto de retrasos», afirma.
A Mercedes le indigna que el Gobierno jugara con las expectativas de la gente dependiente al dar a entender que con la nueva ley recibirían más ayudas; es decir, más de las que ya pudieran percibir hasta ahora. «Si antes que nada hubieran hecho públicos unos baremos claros, a lo mejor ya no hubiéramos optado a pedir la ayuda, porque ya hubiéramos visto que no teníamo derechos. Como ocurre, por ejemplo, con las becas universitarias», se lamenta Mercedes, que a la hora de repartir culpas no se olvida de los medios de comunicación. «Dieron a entender que todos los dependientes cobrarían», termina.